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El Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social, que permiten implementar dos de las principales inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dotadas con 4.420 millones de euros. La cifra incluye 450 millones de euros destinados a financiar los incentivos fiscales a la rehabilitación.

El Consejo de Ministros ha probado dos reales decretos para impulsar la rehabilitación energética residencial.

La normativa regula el desarrollo de las inversiones C02.I01 ‘Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales’, con un presupuesto de 3.420 millones de euros, y C.02.I02 ‘Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes’, que cuenta con 1.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliciencia (MRR) aprobado por la Unión Europea. Las inversiones forman parte del Componente 2 del PRTR ‘Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana’, dotado con 6.820 millones de euros.

El paquete de medidas que abarca esta norma incluye ayudas para la rehabilitación de viviendas y urbanización o reurbanización de espacios públicos o barrios, orientadas a incentivar obras en edificios para mejorar la eficiencia energética cubriendo hasta el 80% del coste según el ahorro conseguido y para fomentar la mejora energética en viviendas individuales que pueden cubrir hasta el 40% del coste.

En concreto, el nuevo Real Decreto articula los planes en seis programas. Los cinco primeros están vinculados a las actuaciones en materia de rehabilitación: el programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, el programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación, el programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, el programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética de viviendas, y el programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación. El sexto programa se dirige a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

El Mitma procederá a transferir este año a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla un total de 1.151 millones de euros, para que puedan aplicar los diferentes programas de rehabilitación residencial, y realizar las convocatorias de ayudas en sus respectivos ámbitos territoriales, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto.

Medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria

Además del Real Decreto-Ley por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social, el Consejo de Ministros también ha aprobado el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR. Se introducen nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales.

Estas deducciones, vigentes desde el mismo día de publicación del Real Decreto-Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se aplicarán sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual y en los edificios residenciales, acreditadas a través del certificado de eficiencia energética.

Se trata de una medida que forma parte del PRTR, ‘Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales’, dotado con 3.420 millones de euros, de los que 450 millones se destinarán inicialmente para financiar los incentivos fiscales.

Deducciones fiscales

El nuevo Real Decreto-Ley aprobado introduce tres tipos de deducciones. En primer lugar, se establece la deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en la vivienda habitual, según el certificado de eficiencia energética de la vivienda. Debe tratarse de la vivienda habitual del contribuyente, o que esté destinada o vaya a destinarse al alquiler como vivienda habitual. El porcentaje de deducción es de un 20% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda.

En segundo lugar, se determina una deducción del 40% por actuaciones de rehabilitación o mejora que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética de la vivienda, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras A o B en vivienda habitual, en la misma escala de calificación. El porcentaje de deducción es de un 40%, de hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda.

En ambos casos, el periodo de aplicación será desde la entrada en vigor del real decreto hasta el 31 de diciembre de 2022

En tercer lugar, se aplicará la deducción del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras A o B en edificios residenciales. Su periodo de aplicación será desde la entrada en vigor del RDL hasta el 31 de diciembre de 2023, y deben ser actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio.

El porcentaje de deducción es de un 60% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda.

Mejoras normativas para las comunidades de propietarios

Además de las deducciones fiscales, en el nuevo Real Decreto-Ley se introducen mejoras en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, para facilitar la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. En concreto, se modifica el régimen aplicable a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en el conjunto del edificio, estableciendo un régimen de mayoría simple para la realización de tales obras, así como para la solicitud de ayudas y financiación para ello.

Con la nueva normativa, también se refuerza la capacidad de actuación de comunidades de propietarios para el acceso al crédito para obras de rehabilitación y mejora de los edificios, con el fin de que tengan plena capacidad jurídica para la formalización de estos créditos.

Nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Asimismo, se aprueba la creación de una línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética.

Con esta nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se desarrollará a través de un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), se cubrirán parcialmente los riesgos de los préstamos concedidos por parte de las entidades financieras privadas destinados a actuaciones de rehabilitación de edificios de vivienda que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética. En concreto, a través de esta nueva línea se podrán conceder avales por un importe de hasta 1.100 millones de euros.

Fuente: Eficiencia Energética

Electrygas energía considera clave analizar la energía del futuro y quiere resaltar que la nueva legislación permitirá que el consumidor español tenga un papel más activo en el mercado energético.

La energía es una de las necesidades más importantes de nuestro día a día. La utilizamos para cocinar, para ver la televisión, para el wifi… En definitiva, para todo. Sin embargo, hoy en día, la energía y el mercado energético en general, continúan sin resultar atractivos al consumidor final. ¿Por qué ocurre esto?

La realidad es que, desde hace años, la regulación del mercado energético ha impedido al consumidor ser partícipe, limitando su relación al simple acto de pagar una factura a final de cada mes por la energía consumida. Una relación muy banal y simple que no genera ningún aliciente para el usuario, pero esto está a punto de cambiar.

Luego nos encontramos en un momento de evolución del mercado energético, una etapa que ya vivimos en el sector de las telecomunicaciones hace 12 años. Un conjunto de situaciones tecnológicas, regulatorias y de forma de consumo liberalizaron el mercado de las telecomunicaciones aumentando la competencia. Pasamos de empresas que proveían un activo (la línea de teléfono) a compañías de servicios de comunicación y entretenimiento, que vendían paquetes convergentes de telefonía móvil, internet y televisión.

La intersección de las tres situaciones desató una reacción en cadena donde se cambió por completo el modelo de venta de la tecnología y fue evolucionando según la forma en que los consumidores la utilizaban y según sus necesidades cambiantes.

La llegada de la nueva regulación de autoconsumo y su última modificación de algunos de los anexos que todavía está en consulta pública abierta implica un cambio sustancial a la hora de producir energía de forma colectiva. Esta regulación habilita la creación de nuevos modelos de producción, gestión y consumo de fuentes de energía renovable, permitiendo compartir la energía de una instalación de autoconsumo entre diferentes consumidores y/o actores participantes sin intermediarios.

Actualmente el mercado energético está en el mismo impasse que vivió el mix energético hace más de una década: se está atomizando y están surgiendo cada vez más iniciativas de autoproducción. Existe un gran movimiento en comunidades energéticas que conseguirán modificar la cadena de valor tradicional de la electricidad y el binomio empresa-cliente. Lo que debemos hacer ahora es desarrollar soluciones centradas por y para el consumidor, y que estas vayan evolucionando según sus necesidades y sus formas de consumir.

NUEVO RETO.

Consistirá en implementar procesos sencillos, transparentes y completamente neutrales para sus participantes, y todo con la complejidad que supone poner a un grupo de ciudadanos de acuerdo. Así pues, la tecnología debe estar al servicio del usuario final para que sea más eficiente y maximice el beneficio de sus activos energéticos, ya sean placas, vehículos eléctricos, baterías o incluso hábitos de consumo.

Pasaremos de un modelo gestionado y controlado por pocas empresas donde todos los activos son de su propiedad, a un modelo Energy-as-a-Service donde los activos son del consumidor. El cliente final podrá participar en el mercado y obtener un beneficio sin tener que preocuparse, además de influir en la creación de nuevos modelos que le ofrezcan valor añadido a él mismo y/o a una comunidad.

En el verano de 2013, el Gobierno aplicó la mayor subida del coste de la potencia eléctrica que todos pagamos en nuestra factura de la luz, reduciendo el coste de la parte regulada del término de energía, bajo el argumento de incentivar el consumo eléctrico.

Estas medidas, entre otras de las aprobadas en aquellas fechas, son impensables hoy en día. Después de varias cumbres climáticas y acuerdos internacionales, la sociedad apuesta por la reducción de consumos energéticos, por la eficiencia y por incentivar el consumo y producción mediante energías renovables.

Si la actual factura eléctrica era compleja para la mayoría de la ciudadanía, las nuevas tarifas TD serán un rompecabezas para el consumidor doméstico. El impacto que esta nueva estructura de tarifas tendrá y los cambios tarifarios y operativos no solo afectarán a los consumidores, el propio mercado de comercialización de electricidad respira incertidumbre.

Los cambios que MITECO y la CNMC están llevando a cabo en los cargos y peajes de energía y potencia, así como la puesta en marcha de una nueva estructura tarifaria en varios periodos, obligatoria para todos los consumidores a partir del 1 de junio de 2021, tienen una triple intencionalidad implícita muy diferente a la reforma de 2013.

Si atendemos al diseño de la estructura tarifaria para no tener una sorpresa a final de mes, deberemos entonces:

1. Consumir menos y desplazar en la medida de lo posible nuestros consumos a franjas horarias más baratas.
2. Consumir mejor ajustando nuestras potencias contratadas y no malgastando energía.
3. Consumir renovable optimizando los recursos fotovoltaicos en horas de máxima producción.

Pero si además queremos que la energía provenga de fuentes renovables, locales, distribuidas y que el 100% de los consumidores tenga acceso a ella de forma barata, deberemos colectivizar la producción. Esta afirmación está cargada de retos y desafíos, algunos salvables desde la pedagogía y el empoderamiento, otros desde el fomento de las subvenciones, las ayudas a la financiación o la reducción de tasas, por ejemplo. Finalmente, otros como los cambios normativos que ya están en marcha ayudarán a minimizar excedentes de producción, y aunque la tecnología y la accesibilidad a los datos energéticos están maduros deberán ponerse en manos de la ciudadanía para acelerar el proceso.

En conclusión, el nuevo mercado eléctrico abre un gran abanico de posibilidades para el usuario final, ya que les permitirá producir e intercambiar su propia energía renovable de cercanía, sin intermediarios. Del mismo modo, los consumidores ya no serán el activo, sino que será el mercado quien utilice sus activos, sus instalaciones de autoconsumo, comportamientos de uso, cargadores, baterías… En definitiva, los usuarios finales ya no pagarán por kWh, sino que serán ellos mismos quienes gestionarán sus activos de una forma completamente autónoma.

Fuente: Periódico EL PAÍS, autor Julio Campo (especialista en comunidades de energía renovable). 

Durante el año, se registraron 3 millones de cambios en el sector eléctrico (10% de los consumidores); y más de 600 mil en el del gas (alrededor del 8%).

Desde Electrygas Energía le resulta interesante analizar este informe, teniendo en cuenta el gran número de comercializadoras operativas que existen en España.

La CNMC ha publicado el Informe anual de supervisión de los cambios de comercializador en los sectores eléctrico y gasista, 2019 (IS/DE/014/19). Recoge: la estructura del mercado eléctrico y gasista; el volumen de los cambios de comercializador y de las altas/bajas de puntos de suministro habidos en el año; analiza la eficiencia y la eficacia de estos procesos. Además, la Comisión ha recordado su nueva versión del comparador de ofertas de gas y electricidad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado a conocer que en 2019: “el mercado eléctrico estaba compuesto por más de 29,5 millones de puntos de suministro”. Según comentábamos en el informe de 2018, eran 29,4 millones.

De ellos, alrededor de 11 millones se encontraban en el mercado regulado (37%); mientras, 18,5 millones (63%) de los consumidores eléctricos (lo que supone 2,5 millones más que cuatro años antes) se encontraban en el mercado libre. Además, el informe indica:

“Los comercializadores pertenecientes a los cinco grupos principales gestionaban el 84% del total de puntos de este mercado. Simétricamente, los comercializadores independientes controlaban el 16% del mercado libre, lo que supone 6 puntos más que hace 4 años”.

Altas y bajas, además de cambios de comercializador, provocaron un crecimiento en los comercializadores independientes. Y tanto por los que respecta a la electricidad, como al gas. Especialmente significativos fueron los datos en los segmentos de las pymes e industrial, que variaron entre el 30%-35%. De ahí se desprende que hay un mayor grado de competencia en estos segmentos en ambos sectores.

GAS NATURAL

El mercado del gas natural contó con cerca de 8 millones de puntos de suministro: alrededor de 1,6 millones en el mercado regulado (20%); 6,4 millones (80%) en el libre (0,5 millones más que cuatro años antes).

Los comercializadores de los cinco grupos principales suministraron al 96% del total de los puntos de este mercado. Mientras, los independientes gestionaron el 4% del mercado libre (0,3% más que cuatro años antes).

CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR

La tasa anual de cambios de comercializador (switching) en el sector eléctrico fue del 10,2%, lo que supone 3 millones de cambios. Por segmentos: 9,6% doméstico; 29,3% pymes; y 25% industrial.

Mientras, en el sector gasista fue del 7,8%, equivalente a más de 600 mil consumidores. Por segmentos: 7,7% doméstico; 25,6% pymes; y 20% industrial.

El informe añade que las provincias con mayor actividad comercial en el sector eléctrico fueron Albacete (12,8%) y Granada (12,7%). Por su parte, en el sector gasista, fueron también Albacete (12,5%), y Cuenca (12,4%).

Sobre los tiempos medios de cambio de comercializador (desde que el cliente otorga consentimiento al comercializador hasta que el distribuidor lo activa), continuaron disminuyendo.

En 2019, fueron de 7,8 días de media en el sector eléctrico, y 8 días en el gasista; la reducción anual fue de 0,7 días en electricidad y de 2,3 días en gas. Estos tiempos medios varían entre los distintos comercializadores. Así, 16 comercializadores del sector eléctrico y a 8 del gasista obtuvieron tiempos de cambio iguales o inferiores a 5 días.

En el sector eléctrico, la mayoría de los cambios realizados se produjeron desde un comercializador regulado hacia un comercializador libre, perteneciente al mismo grupo empresarial. Concretamente, un 62,6% de los cambios, frente al 77,2% registrados en 2016.

En el caso del gasista, los cambios que se produjeron entre un comercializador de último recurso y un comercializador libre perteneciente a su mismo grupo. El porcentaje medio fue del 25,1%, mejorando sustancialmente respecto a la situación de cuatro años antes, cuando era del 51,6%.

ALTAS DE PUNTO DE SUMINISTRO

Sobre las nuevas altas, se registraron 430 mil altas en áreas de distribución eléctrica, y cerca de 173 mil en las áreas de distribución gasista. El tiempo medio de activación desde la perspectiva del distribuidor fue de 3,4 y 8,8 días, en los sectores eléctrico y gasista, respectivamente. En 2018, fue de 3,7 y 11,3 días.

Además, en 2019 se observó que, en el sector eléctrico, la mayoría de las nuevas altas tuvieron como destino a comercializadores libres. De ellas, el 68,7% fueron a favor de comercializadores del mismo grupo empresarial que el distribuidor.

Asimismo, en el sector gasista, las altas tuvieron como destino mayoritario el mercado libre. Las que fueron comercializadas por un comercializador libre del mismo grupo empresarial que el distribuidor fueron el 25%.

Artículo original: energynews.es